Políticas de cuidado infantil
Colmar las carencias en las políticas de atención a la infancia ofrece un alto rendimiento de la inversión
La transformación de las políticas de cuidado infantil para que cubran de manera universal y efectiva a los niños desde el nacimiento hasta el inicio de la educación primaria obligatoria es un argumento convincente en materia de inversión social e igualdad de género, según una nueva investigación de la OIT.
26 de octubre de 2023
Tales inversiones también podrían reducir las desigualdades de género y de otro tipo, generar empleos decentes, mejorar la salud y el bienestar, y contribuir a crear una vía hacia la justicia social.
El estudio, que abarca 82 países, concluye que un dólar estadounidense invertido en cerrar esta brecha en las políticas de atención a la infancia podría dar lugar a un aumento medio de 3,76 dólares en el Producto Interior Bruto (PIB) mundial para 2035. También podría reducir la brecha mundial de género en los ingresos mensuales del 20,1% en 2019 al 8% en 2035; y aumentar el empleo de las mujeres a un promedio mundial del 56,5% en 2035, frente al 46,2% en 2019.
Esta inversión también tiene el potencial de crear alrededor de 300 millones de puestos de trabajo para 2035, incluidos 96 millones de puestos de trabajo directos en el cuidado de niños, 1,36 millones de puestos de trabajo directos en cuidados de larga duración y 67 millones de puestos de trabajo indirectos en sectores no relacionados con los cuidados, según el informe.
Proporcionar servicios de guardería universales, de alta calidad y con personal formado y valorado en la educación de la primera infancia requeriría un gasto adicional equivalente al 1,5% del PIB mundial, además del gasto público actual del 0,3% del PIB mundial, y esto sin tener en cuenta los impuestos adicionales que se recaudarían por el aumento del empleo formal.
La brecha en la política de atención a la infancia se refiere al periodo que transcurre entre el final de la baja legal relacionada con el cuidado de los hijos y la edad de inicio de la atención y educación gratuitas y universales de la primera infancia o de la educación primaria. Actualmente, la media mundial es de aproximadamente 4,2 años. El permiso de maternidad, paternidad y parental combinado del que disponen los hogares es de 6,1 meses de media en todo el mundo, mientras que la edad media de inicio de la atención y educación gratuitas y universales de la primera infancia es de 4,7 años. La brecha afecta al 90% de los padres reales y potenciales (casi 3.500 millones de personas) en todo el mundo.
La brecha en la política de atención a la infancia crea una importante barrera estructural tanto para las mujeres como para los hombres, aunque las mujeres tienden a verse más afectadas. Por lo tanto, abordar la brecha en la política de cuidado infantil tiene un enorme potencial para la igualdad de género, especialmente en el empleo y los ingresos. Se calcula que el 84% del empleo neto total creado por la eliminación de la brecha política iría a parar a las mujeres, ya que éstas cambiarían el trabajo de cuidados no remunerado por un empleo remunerado y formal.
El informe, Los beneficios de invertir en paquetes de políticas transformadoras de cuidado infantil para avanzar hacia la igualdad de género y la justicia social, se basa en las conclusiones del nuevo Simulador de Inversión en Políticas de Cuidado de la OIT, la mayor herramienta en línea de modelización de políticas de cuidado. Simula los efectos de proporcionar un paquete de inversión en cuidados para cerrar la brecha de la política de cuidados infantiles, y calcula los requisitos de inversión y los efectos sobre la generación de empleo, el empleo de género y las brechas salariales.
El informe expone una serie de respuestas políticas alineadas con las normas internacionales del trabajo necesarias para apoyar la transformación de la economía del cuidado, que también se detallan en el nuevo Portal Mundial de Políticas de Cuidado de la OIT en línea, que presenta el estado de las políticas nacionales de cuidado. Estas políticas incluyen diálogos sociales nacionales en los que participen las personas que prestan y reciben cuidados y que se utilicen para diseñar programas basados en los derechos; la creación de capacidad fiscal, reguladora y técnica; la promoción de la comprensión de los beneficios de la inversión en políticas y empleos relacionados con los cuidados, y el refuerzo de la capacidad de los gobiernos, los empleadores y las organizaciones de trabajadores.
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